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Por: Joanisabel González y José A. Delgado

El alcance de PROMESA

Al menos, por los próximos cuatro años, el Gobierno de Puerto Rico tendrá que operar con el aval de una junta supervisora impuesta por el Congreso de Estados Unidos, en virtud del Título I, sección 101 de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilización Económica (PROMESA, en inglés). VER LOS DESIGNADOS.

El proyecto se convirtió en ley el pasado 30 de junio, cuando el presidente estadounidense Barack Obama estampó su firma en el proyecto senatorial federal 2328, pieza que, de paso, se aprobó de manera expedita en el Congreso federal, pues la última fuente de poder en el caso de territorios estadounidenses reside en esa rama de gobierno.

A continuación, algunos de los aspectos más importantes del controversial organismo supervisor y cómo este cambiará la vida de los puertorriqueños.

Preguntas y respuestas

¿Cuál es el nombre de la junta que supervisará a Puerto Rico?

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El nombre correcto de la entidad creada para supervisar las finanzas públicas de la Isla bajo PROMESA es Junta de Supervisión Financiera y Administración.

La junta de supervisión se crea como una entidad en el gobierno territorial, en este caso, Puerto Rico, pero no se considera una dependencia del Gobierno federal.

¿Cuál es el propósito de la junta?

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Según PROMESA, el propósito de la junta es el siguiente: “Proveer un método al territorio cubierto (Puerto Rico) para que este logre responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de capital”.

¿Existen otras entidades de este tipo en otros lugares en Estados Unidos?

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La literatura académica en el tema indica que entre 1975 y 2009 se crearon 119 juntas o consejos fiscales para supervisar las finanzas de cientos de gobiernos citadinos y municipales en Estados Unidos. La mayoría de estos organismos supervisores fueron creados por el gobierno estatal para supervisar las finanzas de subdivisiones políticas en problemas fiscales. Para la década de 1990, por primera vez, el Congreso de Estados Unidos tomó atención directa en un problema de insolvencia fiscal cuando creó un mecanismo de supervisión para Washington D. C.

Con PROMESA es la primera vez que se aprueba legislación de este tipo para regir a los territorios.

¿Cuál es la composición de la junta?

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La junta de supervisión tendrá siete miembros designados por “clases” que representan el origen de cada designación. Uno recomendado por el presidente de los Estados Unidos; cuatro recomendados por los líderes de la mayoría en Congreso y Senado federal (republicanos al momento de la designación de esta junta) y dos por la minoría en ambos cuerpos legislativos federales (al momento de la designación, demócratas). Cada designado ocupará su lugar en la junta por espacio de tres años.

Los integrantes de la junta no recibirán compensación por sus servicios y deben cumplir con los requisitos de divulgación financiera y ética que aplican a funcionarios federales.

El gobernador es miembro exoficio de la junta y no tendrá voto.

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¿Dónde estarán las oficinas de la junta de supervisión?

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Las oficinas de la junta estarán en Puerto Rico y en cualquier otra localidad que entienda el cuerpo rector.

¿Es cierto que la junta de supervisión podrá recibir regalos?

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La junta de supervisión podrá recibir regalos, donativos o similares “con el propósito de ayudar o facilitar el trabajo de la junta de supervisión”, dice PROMESA. Como resultado, los donativos o regalos se harán a la junta como entidad y no a sus integrantes.

A manera de ejemplo, una agencia de gobierno en Puerto Rico podrá permitir a la junta el uso de sus instalaciones sin que esta pague por utilizar dicho espacio. Ese acuerdo de utilización puede interpretarse como un regalo o donativo a la junta.

Todo obsequio, donativo o acción similar que reciba la junta tendrá que hacerse público en un período de 30 días, así como el nombre o los detalles de quien haga el donativo.

¿Para quién trabaja el director ejecutivo creado en PROMESA?

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El director ejecutivo será nombrado por el presidente de la junta de supervisión con el aval del cuerpo rector y responderá al organismo que le contrató. Es la persona que servirá de enlace directo y que procurará que las instrucciones de la junta fiscal se implementen.

¿Qué poderes tiene la junta?

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Podrá requerir información del Gobierno federal, del Gobierno de Puerto Rico y los acreedores que interesen negociar con el Gobierno o sus entidades, así como entrar en las contrataciones que entienda necesarios. Podrá emplear el mecanismo legal de citación (subpoena) para obtener la información o testimonios que requiera y tendrá capacidad legal para obligar al cumplimiento de cualquier ley.

La junta de supervisión es la entidad que determinará si una dependencia del Gobierno de Puerto Rico necesita corregir sus deficiencias fiscales y autorizará cualquier proceso de renegociación de su deuda pública. Certificará la validez de cualquier acuerdo voluntario de reestructuración de deuda entre la entidad gubernamental y sus acreedores.

De igual forma, es la entidad que dará paso a cualquier proceso de reestructuración de deuda que deba plantearse ante los tribunales. Según PROMESA, los acuerdos de reestructuración de la deuda tendrán que estar respaldados por un plan de modificación de pagos cualificado debidamente avalado por los integrantes de la junta.

Puerto Rico no podrá emitir deuda pública o modificar la existente sin la autorización expresa de la junta fiscal.

¿La junta puede investigar las prácticas de divulgación y de venta de bonos por parte del Gobierno de Puerto Rico?

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Sí. La junta podrá indagar qué prácticas se utilizaron para vender la deuda de la Isla, si hubo falsa representación de los riesgos asociados con los bonos de la Isla, así como conflictos de interés que se hayan dado entre asesores financieros, corredores y casas de inversiones que vendieron los bonos de la Isla. Los hallazgos de tales investigaciones serán públicos.

¿Cómo será la relación entre la junta, el gobernador y la Legislatura?

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Tan pronto se nombre la junta y en los años subsiguientes mientras esté en funciones, ese cuerpo rector dará al gobernador de Puerto Rico una agenda de trabajo para desarrollar, someter y aprobar los planes fiscales que entienda necesarios.

En primera instancia, la junta solicitará al Gobierno de Puerto Rico un plan fiscal a cinco años. La junta tendrá que dar su visto bueno a dicho plan para que entonces el gobernador pueda presentar un presupuesto a la Legislatura.

La junta interactuará con la Legislatura durante la aprobación del presupuesto y solicitará a ese cuerpo corregir el presupuesto, de ser necesario.

A la hora de aprobar leyes, si la Legislatura lo solicita, la junta fiscal podrá revisar los proyectos de ley para verificar si estos son cónsonos con el plan fiscal. Esa revisión de la legislación no significa que la junta pueda tomar otras decisiones, una vez tales proyectos se conviertan en ley.

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¿Qué pasa si el plan fiscal no cumple con lo establecido en PROMESA?

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Si el plan fiscal no cumple con los requisitos establecidos en PROMESA, entre los que figura el pago de la deuda, la protección de servicios esenciales y allegar fondos al pago de pensiones, la junta indicará al gobernador que el plan no está en cumplimiento y procederá a enmendarse.

El plan podría realizarse de manera conjunta entre el gobernador y la junta o también la junta podría presentar el plan si lo propuesto por el Gobierno puertorriqueño no cumple con las disposiciones de PROMESA.

La junta notificará al Congreso del cumplimiento o no cumplimiento por parte del Gobierno.

¿Qué pasa si el gobierno no cumple con el presupuesto aprobado y avalado por la junta?

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La junta pedirá información al Gobierno para conocer por qué razón los recaudos o los gastos no son cónsonos con los estimados que se hicieron.

Si las razones que ofrezca el Gobierno no justifican el desbalance, la junta pedirá al Gobierno una acción remediativa y establecerá una fecha límite para que se cumpla con esta.

Si el Gobierno puertorriqueño no hace los ajustes, la junta de supervisión “hará las reducciones apropiadas en los gastos no asociados con la deuda para que los ingresos y gastos trimestrales en el gobierno territorial estén en cumplimiento”.

También podrá ordenar la congelación automática de contrataciones de personal en el gobierno y podrá prohibir al gobierno de entrar en cualquier contratación o transacción sin el aval de la junta.

¿La junta puede decidir sobre los contratos o transacciones que haga el Gobierno?

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Sí. Particularmente, podrá tener inherencia en contratos entre entidades de gobierno para asegurar que estos no afecten la libre competencia.

¿Puede la junta sugerir o implementar procesos o mecanismos de gobernanza fiscal?

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La junta podrá recomendar al gobernador y a la Legislatura qué hacer para promover la estabilidad fiscal.

Puede recomendar mecanismos para mejorar las proyecciones económicas que realiza el gobierno, controlar gastos de personal, reducción de costes en beneficios y contratos.

También puede sugerir modificar las relaciones entre agencias, modificar los impuestos vigentes, transferir servicios del gobierno a terceros y establecer un plan de personal que compense a los trabajadores partiendo de su desempeño.

Además, puede recomendar la privatización o comercialización de entidades del gobierno territorial.

¿Qué sucede si el Gobierno o la Legislatura no acogen las recomendaciones de la junta?

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El Gobierno territorial tendrá 90 días para indicar si implementará o no las recomendaciones que aplican a su jurisdicción, así como un plan para hacer los cambios necesarios.

Si el Gobierno rehúsa implementar las recomendaciones de la junta, el Ejecutivo o la Legislatura tendrán que documentar por qué rechazan la propuesta y presentar sus planteamientos ante el Congreso y el presidente de Estados Unidos.

Los designados

A continuación, la lista de siete miembros designados a la Junta de Supervisión Fiscal.

David Arthur Skeel

Experto en Derecho Corporativo y Bancarrota que dicta cátedra en la Escuela de Derecho de la Universidad de Pensilvania. Autor de varios libros, incluyendo uno acerca de las consecuencias de la ley de reforma financiera Dodd-Frank y otro acerca de la ley federal de Bancarrota. Egresado de la Universidad de Carolina del Norte y de la Universidad de Virginia.


Andrew Biggs

Académico residente del Instituto de Empresarismo Americano (AEI), experto en los temas de Seguro Social y planes de pensiones estatales y locales. Fue comisionado auxiliar del Seguro Social y director asociado del Concilio Económico de la Casa Blanca.


José B. Carrión III

Presidente y socio principal de la firma de corretaje de seguros Hub International Carrión Laffitte & Casellas

Bachiller de la Universidad de Pensilvania. Posee una maestría en Manejo de Riesgos en Seguros del Colegio de Seguros de la Ciudad de Nueva York. Posee sobre 16 años de experiencia en el campo de seguros, presidió en dos momentos separados, las juntas de gobierno de la Corporación para el Fondo del Seguro del Estado y la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos.


Arthur J. González

Un educador en sus primeros años de trayectoria profesional, González es un juez retirado del sistema judicial federal que tuvo a su cargo varios de los casos de bancarrota más transcendentales en la historia estadounidense.

González tuvo a su cargo los casos de Enron, WorldCom –la bancarrota más grande antes que Lehman Brothers- y en 2009, tuvo a su cargo viabilizar la reestructuración Chrysler. Al presente es senior fellow de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York.


Ana J. Matosantos

Puertorriqueña, Matosantos es egresada de Stanford University y es consultora de presupuesto y en temas financieros. Matosantos es parte del equipo del Instituto de Política Pública de California. Ocupó múltiples cargos en el gobierno estatal de California y se le reconoce como una figura clave en el proceso de restaurar las finanzas de ese estado bajo dos gobernadores distintos. Entre los años 2009 a 2013, fungió como directora del Departamento de Finanzas de California y antes fungió como directora auxiliar de Presupuesto. Entre otras cosas, trabajó en la reforma de salud que se implementó en ese estado.


José Ramón González

Presidió el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) bajo la administración de Rafael Hernández Colón. Exprincipal oficial ejecutivo de Banco Santander Puerto Rico y exvicepresidente de Oriental Bank. Por años fungió como directivo del Federal Home Loan Bank de Nueva York. En la actualidad, es presidente del Federal Home Loan de Nueva York. Posee un bachillerato en Economía de la Universidad de Yale y abogado egresado de la Universidad de Harvard.

Bajo la presidencia de González, el BGF buscó implementar la primera política pública para manejar y custodiar de manera organizada y responsable los activos en manos del gobierno, especialmente, las carteras de inversiones de aseguradoras y planes de pensiones.


Carlos M. García

Banquero con casi dos décadas de experiencia en banca de inversiones. Expresidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) bajo la administración de Luis Fortuño; otrora ejecutivo de Santander Securities en Puerto Rico. Al concluir sus labores en el Gobierno, se trasladó a Boston donde laboró como principal oficial de operaciones en Santander USA. Dejó el conglomerado español para fundar BayBoston Capital, una firma de capital de riesgo, que presta servicios principalmente a entidades financieras con sede en Boston.

Bajo la dirección de García se emitieron unos $10,000 millones en bonos de Puerto Rico, en especial, bajo la Corporación para el Financiamiento del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) y se implementaron las disposiciones de la Ley de Emergencia Fiscal (Ley 7 de 2009). García fue también instrumental en establecer el llamado arbitrio del 4% a las corporaciones foráneas que operan en la Isla, fuente de recaudos que ahora representa una quinta parte de los ingresos del Fondo General.

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