Por Javier Colón Dávila / jcolon@elnuevodia.com

¿El vaso está medio vacío o medio lleno?

De eso conversaron con El Nuevo Día cuatro miembros de la comunidad Lésbica, Bisexual, Gay, Transexual y Transgénero (LBGTT) que analizaron la forma en que los programas de gobierno de los cuatro partidos políticos se dirigen a ese sector.

Ana Irma Rivera Lassén, Jaime Santana, Olga Orraca y Rafael Ruiz coincidieron en que los partidos casi no contienen propuestas para solucionar muchos problemas de esa comunidad.

Ninguna colectividad promueve que este sector esté cobijado por la Ley 54 que prohíbe la violencia doméstica, ni por las leyes contra la discriminación por género en el empleo.

No abogan por la protección contra crímenes de odio, ni legislar para que parejas de esa comunidad se beneficien de planes médicos y la ley de herencias. La posibilidad de cambiar el género en documentos oficiales no está en ninguna plataforma.

Chica en uniforme de varón

“Conozco del caso de una chica que se hizo la operación de la cintura para arriba y tiene que ir (al trabajo) con el uniforme de los varones”, contó Jaime Santana, coordinador de Tanamá, que previene el VIH en jóvenes transgénero y transexual.

Para Santana, el caso de esa chica ilustra que el discrimen en el empleo contra la comunidad LBGTT va mucho más allá de la Resolución 99 que buscaba elevar a rango constitucional el matrimonio entre hombre y mujer.

Pero los cuatro activistas comentaron que el vaso se debe ver medio lleno.

Por ejemplo, los partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD) visualizan el matrimonio heterosexual. Pero, el PNP se compromete a prohibir el discrimen laboral por orientación sexual. Sería de avanzada prohibir el discrimen por identidad de género, dijo Santana.

Mientras, el PPD rechaza elevar a rango constitucional el matrimonio heterosexual. Y promete eliminar “vestigios de discrimen, de toda índole, del ordenamiento jurídico y administrativo vigente”.

“Ese párrafo es una buena herramienta para llamar la atención ante posibles casos de discriminación”, dijo Rivera Lassén, abogada feminista.

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) reconoce que ha aumentado el número de parejas que conviven. Y Puertorriqueños por Puerto Rico (PPR) reconoce la existencia del discrimen por orientación sexual, resultado de la mala aplicación de leyes, y el choque entre visiones religiosas y derechos civiles.

“Solamente en la plataforma del PPR se reconoce la diversidad de la comunidad”, dijo Olga Orraca, coordinadora de la Coalición Arco Iris, quien habló en su carácter personal.

“Esto hubiera sido impensable hace años atrás”, intervino Rafael Ruiz, del movimiento “No a la 99”.

Para Santana, el lenguaje contra el discrimen, aunque sea una estrategia política, es ganancia. “Pues, ¡que bueno! porque antes era mientras más lejos mejor”, dijo.

A los activistas les preocupa la campaña de valores del PNP y su énfasis en las organizaciones de base de fe.

“Podría ser un mensaje de que no hay una definición clara de dónde cae la división entre Iglesia y Estado”, dijo Rivera Lassén.

El PNP promete crear una oficina de base de fe y comunitaria, adscrita a la Fortaleza, para asistir a organizaciones sin fines de lucro. Busca que el Ejecutivo analice una posible legislación para validar los valores. Para Rivera Lassén, eso abre la puerta a medidas como la resolución 99.

“Si vas a revisar para que conformes los valores que están ahí, estamos hablando de revisar, no para incluir, sino para quitar participación y derechos. Eso me preocupa”, dijo.

Rivera Lassén destacó que el PPD se compromete a repudiar el discrimen por orientación sexual.

Orraca lamentó que la plataforma del PIP no haya incluido a la comunidad LBGTT, a pesar de que hace un año ella y otros activistas se reunieron con la senadora María de Lourdes Santiago.