Por Eugenio Hopgood Dávila / ehopgood@elnuevodia.com

La Fiscalía federal terminó ayer de presentar su prueba contra Aníbal Acevedo Vilá y Luisa Inclán Bird y anoche comenzó la discusión en torno a si el juez Paul J. Barbadoro debe desestimar los cargos ahora por insuficiencia de evidencia.

Sin embargo, Barbadoro se mostró inclinado a dejar en manos del jurado la decisión sobre el cargo de conspirar para violar la ley electoral federal. Los restantes ocho cargos contra Acevedo Vilá, seis de los cuales se imputan también a Inclán Bird, serán discutidos hoy en la mañana.

“Los Estados Unidos deja sometido su caso”, declaró a las 5:50 p.m. la fiscal María Domínguez, al anunciar la conclusión de la presentación de la prueba de la Fiscalía al bajar del banquillo el trigesimoquinto testigo al final de 16 días de testimonios de un total de 25 días de juicio.

Terminada esta fase, las partes discutieron la admisibilidad de algunas piezas de evidencia. La defensa planteó la moción de desestimación perentoria, en la que se pide al juez que elimine alguno o todos los cargos con el argumento de que la Fiscalía no presentó suficiente evidencia para sostener una convicción.

Durante la discusión del cargo de conspiración para violar la ley electoral, Barbadoro asumió el papel de “abogado del diablo”, argumentando contra la parte que hacía la presentación. Pero pareció inclinarse a no desestimar ese cargo.

“Usted está equivocado”, dijo Barbadoro tajantemente cuando el abogado Bradford Berenson dijo que no había prueba suficiente para hilvanar la llamada conspiración de los tres esquemas.

“Es un asunto difícil... La mejor forma de hacerlo es instruir al jurado y que ellos resuelvan”, sostuvo el juez. Con esa expresión, Barbadoro se refirió específicamente al argumento de Berenson de que esa conspiración debe desestimarse porque no hay prueba de que los alegados conspiradores hayan tenido un fin común o que supieran lo que otros hacían.

Los tres esquemas de la alegada conspiración para violar la ley son las contribuciones ilegales de Filadelfia, las que hacían empresarios “amigos” a través de la agencia Lopito, Ileana & Howie y las de familiares de Acevedo Vilá y empleados de su Oficina de Comisionado Residente.

Poco antes, a pesar de dar la impresión que le parecía razonable la argumentación de Berenson de que no hubo evidencia suficiente que mostrara que Acevedo Vilá conocía que las donaciones de Filadelfia eran ilegales, Barbadoro comentó que “debe ir al jurado aunque sea circunstancial (la evidencia); para eso es el jurado”.

Así pareció agonizar la esperanza de la defensa de que se desestime este cargo.

Y cuando se discutieron las contribuciones falsas a través de la familia de Acevedo Vilá, Barbadoro comentó: “La evidencia apunta a que él (Acevedo Vilá) conspiró para violar la Ley de la Comisión Electoral Federal”.

Domínguez salió corriendo

No obstante, Michael Pasano, abogado de Inclán Bird, anotó puntos inesperados en cuanto al cargo de la conspiración de los tres esquemas, con un argumento que obligó a la fiscal Domínguez a salir de la sala para hacer una investigación jurídica “de emergencia”.

Pasano dijo que la única prueba que ubica a su defendida en esa conspiración es haber solicitado a la empleada de la Oficina de Comisionado Residente, Lorna Rodríguez, a la madre de Rodríguez, y a la esposa del administrador de la oficina, Carlos Ruiz Nazario, un cheque de $500.

“Los tres cheques solicitados por mi cliente al personal de la oficina no llegan a $2,000, que es el mínimo para que sea ilegal”, sostuvo Pasano. “O sea, que no sería un delito grave federal... Llevo seis meses pensando en algunos de estos asuntos, pero ése no lo había pensando”, dijo Barbadoro.

“Estamos esperando lo mejor pero preparándonos para lo peor”, dijo Pasano.

El último testigo de cargo fue Juan Agosto Pérez, un auditor de la Fiscalía que repasó las cifras totales de los diversos cargos, tales como las contribuciones políticas de Filadelfia y el costo de los trajes y viajes pagados a Acevedo Vilá.

Por la mañana, la auditora del Servicio de Rentas Internas federal (IRS) Marjorie Kerkadó, concluyó que, de ser cierto que los trajes y viajes que el Partido Popular Democrático pagó a Acevedo Vilá debieron ser incluidos como ingreso, el ex Gobernador habría dejado de pagar $193 al Tesoro federal entre 2003 y 2004.

Berenson cuestionó a la testigo sobre el costo de sus tres viajes a Puerto Rico para trabajar en el caso, a razón de $400 cada uno. “O sea que cada uno de estos viajes le costó al Gobierno el doble de la suma que estamos discutiendo aquí de algo menos de $200”, le dijo Berenson, provocando la objeción inmediata del fiscal Peter Koski.

La testigo dijo a Koski que si la Fiscalía estuviera correcta al contabilizar los viajes y trajes como ingreso, Acevedo Vilá había recibido ingresos de $11,772.14 en 2003 y de $35,121.74 que no habría informado en la planilla federal.

Al haber presuntamente recibido estos ingresos en Puerto Rico sin informarlos al Departamento de Hacienda ni al IRS, Acevedo Vilá afectó el cálculo de una partida de su planilla federal llamada “contribución mínima alterna” (AMT) que se aplica a individuos de altos ingresos que toman muchas deducciones, según la testigo.

Kerkadó concluyó que Acevedo Vilá pagó $126 de menos en 2003 y $67 menos de lo que debía en 2004. La testigo aceptó, a preguntas de Berenson, que al analizar una planilla en la que no se ha informado todo el ingreso, ella evalúa si “parece intencionalmente omitido”. “Si hay algún indicio de fraude lo refiero (para procesamiento criminal) y si no, se notifica la cantidad y se le cobra”, sostuvo. “Si me parece que es un error honesto lo dejo así”, agregó. La testigo sostuvo que los “errores honestos” pueden ocurrir en los cómputos y también en los ingresos reportados.

Berenson mencionó a nominados por el presidente Barack Obama que tienen problemas contributivos. “¿Usted sabe que la persona nominada por el presidente Obama para Secretario de Salud había informado $150,000 de menos en sus ingresos?”, cuestionó el abogado. El juez declaró con lugar la objeción vigorosa de la Fiscalía.