Por Limarys Suárez Torres / lsuarez1@elnuevodia.com

La Fiscalía federal probó con evidencia directa y circunstancial el conocimiento del ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá sobre el esquema ilegal en la agencia de publicidad Lopito, Ileana & Howie (LIH) y del uso de sus familiares y empleados de su Oficina de Comisionado Residente para donativos fantasmas, según un ex fiscal federal.

El letrado Osvaldo Carlo explicó que la única oportunidad de la defensa para lograr la desestimación de algún cargo en el primer pliego acusatorio se relacionada con la llamada conspiración de Filadelfia.

“Es el único cargo que se ve finito porque la prueba restante sobre las actividades de LIH, su familia y su oficina se presentó evidencia con las que el jurado podría hacer unas inferencias razonables del conocimiento que él tenía”, señaló Carlo.

Dijo que la Fiscalía logró establecer que el esquema de LIH empezó en 1993, que se usó en cada uno de los eventos electorales del Partido Popular Democrático y que había 18 empresarios recurrentes en este tipo de actividad ilegal con LIH.

Además Carlo indicó que el gobierno probó que había una serie de personas bien cercanas a Acevedo Vilá que sabían del esquema, tales como Miguel Nazario, Carlos “Pepe” Rodríguez y la propia coacusada Luisa Inclán Bird.

“Fue bien efectiva la Fiscalía en establecer los dos esquemas de donantes ficticios: una en la propia Oficina del Comisionado Residente con el testimonio de Lorna (Rodríguez) y el otro con los testimonios de su hermana y primo donde te dicen claramente que Aníbal, que es una persona que escribió artículos de ese tipo de conducta, incurrió con sus propios familiares en ese tipo de esquema ilegal”, declaró.

Sobre el segundo pliego acusatorio, el ex fiscal indicó que la única área débil son los gastos de representación con los viajes y la ropa.

“El cargo de conspirar para defraudar el IRS (Servicio de Rentas Internas Federal) del segundo pliego es el más débil porque ahí tenemos argumentos que el ex Gobernador actuó conforme a la opinión de su CPA. Además tenemos una sentencia de un juez superior de un tribunal de Puerto Rico, que aunque es una opinión de la ley electoral estatal, da pie a establecer cuales son los gastos que un partido puede incurrir a favor de sus candidatos”, declaró el abogado.

Vaticinó que si la defensa no logra ahora ninguna desestimación, el jurado puede hacer inferencias y la situación sería “más delicada” para los acusados.

“Los jurados son bien dados a atar conductas y una vez tú establezcas que una persona estaba al tanto de conductas ilegales, en la deliberación el jurado podría no discriminar. La Fiscalía tiene muy buena experiencia que una vez llegan los cargos completos al jurado hay un porcentaje mayor de convicción de los cargos débiles que de absolución”, apuntó.