Por Eugenio Hopgood Dávila / ehopgood@elnuevodia.com

El juicio del ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá y la recaudadora de fondos Luisa Inclán Bird pasó ayer de los viajes a los trajes con el testimonio de una ex asesora que se encargó de elegirle y comprarle ropa elegante durante la campaña de 2004 para que “luciera como un gobernador” y se viera más joven.

El resto del día se fue con tres testigos periciales que opinaron en torno a si los trajes y viajes pagados por el Partido Popular Democrático (PPD) y la campaña de Acevedo Vilá tenían que haber sido informados como ingreso por el entonces candidato, quien rendía planilla al Gobierno federal porque se desempeñaba como Comisionado Residente en Washington.

La productora publicitaria Juliette Lanauze relató que a fines de 2003 el presidente de Lopito, Ileana & Howie (LIH), Carlos Pepe Rodríguez, la reclutó para mejorar la imagen de Acevedo Vilá. Dijo que compró ropa, incluyendo trajes y corbatas de “alta calidad” que pagaba con su tarjeta de crédito e Inclán Bird, una oficial de la oficina de finanzas de la campaña, le reembolsaba con dinero en efectivo.

“Sé que esto es un poco vergonzoso, pero le aseguro que no va a herir a nadie. Quiero que explique cuál era el problema con la imagen del candidato”, le indicó el abogado Bradford Berenson.

“No lo tomes a mal”

“Había que trabajar con la imagen de él, que se viera más joven, más ‘good looking’... más accesible de mirar”, dijo la asesora de imagen después de echarle una mirada a Acevedo Vilá con un gesto que parecía decir “no lo tomes a mal”.

Lanauze justificó la necesidad de mejorar la imagen de los candidatos políticos. “Eso se demostró con campañas en las que han puesto a gente a kayaquear y a correr en pantaloncitos cortos... eso pega”, dijo en obvia alusión al ex gobernador Pedro Rosselló.

Berenson le pidió que explicara lo de los “pantaloncitos cortos”. “Los ponían así para que se vieran bien, en forma, en ‘good shape’”, explicó la testigo. “Si a la gente no les gusta lo que ven, no oyen lo que dicen”, dijo sobre los políticos.

Lanauze señaló que nunca consultó con Acevedo Vilá qué ropa comprar y más bien le imponía lo que debía vestir durante la campaña. Tampoco le informó a Acevedo Vilá el costo de los artículos, dijo.

Cuando el fiscal Peter Koski le preguntó sobre lo que aportaría a la imagen del imputado los trajes marca Zegna de sobre $2,000 y las corbatas Brioni que le compró en Euromoda, Clubman y otras tiendas, ella le resumió: “Son trajes de corte italiano... Cualquier hombre que se ponga esta ropa se va a ver bien”.

Para la Fiscalía, Lanauze era clave para presentar la prueba de los trajes y la forma de comprarlos. Pero la defensa la usó para resaltar la falta de interés personal en lucir la ropa cara y lo enmarcó como un gasto del partido para ayudar a que su candidato ganara.

El fiscal presentó recibos de tiendas y estados de cuenta bancarios de Lanauze que reflejaban compras de más de $4,000 en un solo día. “En realidad él no era una persona muy ‘fashion’ y lo que uno le dijera él se lo ponía”, dijo la testigo a Berenson durante un testimonio que hizo reír al público, al jurado y a Acevedo Vilá.

¿Alguna marca en particular?, preguntó el abogado. “No, él no tenía idea de marcas”, dijo ella.

La Fiscalía presentó luego al contador público autorizado José Manuel Figueroa, quien llenó las planillas de contribución sobre ingresos de Acevedo Vilá por 20 años. Figueroa dijo que en 2006, cuando se publicó que el PPD le había comprado ropa a Acevedo Vilá, éste le pidió que verificara si él debió haber tributado por esos gastos. “Busqué en el Código de Rentas Internas lo que define el ingreso bruto y, luego de analizarlo todo, determiné que eso que se le pagó a él no constituye ninguna compensación, por lo tanto no era tributable y así se lo dejé saber por escrito”, dijo.

En la tarde, el director de la Unidad de Delitos Contributivos de Departamento de Hacenda, José Ramírez Castro, sostuvo que si fuera un caso bajo la ley de Puerto Rico los trajes eran un beneficio recibido y no cualificaban bajo la excepción de uniformes, por lo que eran ingresos que tenían que haberse informado como tales.

Este testimonio produjo una serie de situaciones, desde jocosas a desesperantes, cuando Berenson lo confrontaba con una traducción en inglés del Código de Rentas Internas y le pedía que indicara donde decía allí la palabra “benefit”. Pero en la de nosotros dice “beneficios”, argumentaba Ramírez hasta que el juez Paul J. Barbadoro se hastió y sacó al jurado de la sala.

Tras una discusión con las partes, Barbadoro dijo al jurado que lo que tiene que decidir es si un viaje tuvo el propósito de representar al PPD o si fue puramente personal. “Si entienden que es un viaje oficial del partido entonces es reembolsable”, dijo el juez contradiciendo a Ramírez.