Por Mildred Rivera Marrero / mrivera1@elnuevodia.com
Algunas de las personas que se declararon culpables o admitieron la comisión de delitos durante la investigación y juicio al ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, se exponen a perder las licencias para ejercer su profesión.
Ese es el caso del abogado Ramón Velasco Escardille, quien se declaró culpable de conspirar para violar la Ley Electoral Federal, presentar información falsa a la Comisión Electoral Federal y viabilizar aportaciones políticas ilegales para las campañas del ex Mandatario.
Una vez que el Tribunal Federal dicte sentencia, le notifica al Tribunal Supremo y/o al Procurador General, que entonces evalúan los delitos cometidos. El Supremo determina la sanción a imponer.
Por regla general, se suspenden de la profesión abogados que hayan cometido delitos graves o menos graves relacionados con el ejercicio de la profesión o cualquier delito que implique depravación moral. Estos últimos son “delitos que tienen que ver con la falta de honestidad y ese es el delito típico en que los abogados han incurrido: fraude, falsificación, conspiración, porque implican que ha habido un acto de deshonestidad o falta de dignidad”, explicó a El Nuevo Día la jefa de la Secretaría del Tribunal Supremo, Aida Ileana Oquendo.
Entre los abogados desaforados en los pasados años están: Luis E. Dubón (2003), quien se declaró culpable de conspiración en el caso del Instituto del Sida; Marcos Morell Corrada (2007) -coacusado en el caso de René Vázquez Botet- quien se declaró culpable de conspiración, interferencia con el comercio interestatal mediante extorsión y fraude; y el ex banquero Lorenzo Muñoz Franco (2008), sentenciado por cometer delitos de conspiración e incitar al fraude bancario. El año pasado, el Supremo desaforó a 56 abogados, muchos de ellos por no pagar la cuota del Colegio de Abogados o las fianzas notariales, dijo Oquendo.
En el caso de la codueña de la agencia de publicidad Lopito, Ileana & Howie, Noemí Díaz Torres, ésta es contadora pública autorizada (CPA). No está acusada, pero admitió en corte haber violado la ley conscientemente al esconder ingresos y gastos de la campaña de Acevedo Vilá en cuentas secretas de la agencia que ella manejaba.
El presidente del Colegio de CPA, Rafael Del Valle reveló que “sí, se va a mirar el caso de Noemí. Esto está en un juicio y no puedo pedirle que venga ahora. Ese asunto está en la agenda de la reunión de marzo (los días 5 y 6) de la Junta de Contabilidad y el Comité de Ética para ver qué se ha hecho en otros casos y qué dice el reglamento”.
“Aunque el gobierno federal conceda inmunidad por su testimonio, eso no los releva de las consecuencias de actuaciones como CPA”, agregó.
Edwin Colón Rodríguez, quien según la Fiscalía es ingeniero, se declaró culpable de malversación de fondos de la campaña del ex Gobernador. El presidente del comité de Práctica Profesional del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, Eliud Hernández, no pudo precisar si evaluarán a Colón.
Por otro lado, el secretario de Justicia, Antonio Sagardía, anticipó que investigará a las personas que han admitido la comisión de delitos. Dijo que se comunicó con el Tribunal Federal y adelantó que habrá referidos.
En el caso de las empresas que se alega que dieron aportaciones ilegales a la campaña del ex Mandatario, casi todas las violaciones de ley prescribieron, según el estatuto electoral. Sin embargo, el Secretario de Justicia informó que le pasará una carta circular a los jefes de gabinete para que les cancelen los contratos.