Por Eugenio Hopgood Dávila / ehopgood@elnuevodia.com

La testigo de Fiscalía Noemí Díaz Torres dejó claro ayer que no podía vincular ayer al ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá con la alegada conspiración para violar la ley electoral federal y el esquema para obtener contribuciones políticas en exceso de lo permitido por ley.

Díaz Torres, jefa de finanzas de la agencia publicitaria Lopito, Ileana & Howie (LIH), fue contrainterrogada ayer por el defensor de Acevedo Vilá, Harry Anduze después de que ésta contestara el interrogatorio directo de la fiscal María Domínguez durante todo el día de viernes y parte de la mañana de ayer.

Anduze abordó específicamente una reunión del 4 de enero de 2000 en la que la cual, según la testigo, participaron Ramón Velasco Escardille, entonces tesorero de la campaña para comisionado residente, Juan Agosto Alicea, Acevedo Vilá y ella.

Díaz Torres recordó que el motivo de la reunión era aclarar el monto de la deuda de la campaña con LIH, ya que Agosto Alicea y Velasco reclamaban un crédito de $300,000 por anuncios que entendían debían ser facturados al Partido Popular Democrático (PPD) y no al comité Acevedo Vilá 2000.

La testigo había declarado antes que LIH dividía la contabilidad de la campaña en dos cuentas distintas: una llamada “Acevedo Vilá 2000” , donde se registraba los gastos reportados a la Comisión Federal de Elecciones (FEC) y otra de “gastos misceláneos” en la que entraban los gastos que no se reportaban como establece la ley.

“¿Allí nadie le dijo a Acevedo Vilá que había una deuda reportada y una no reportada?”, preguntó Anduze. “No, sólo se habló de la deuda total”, respondió la testigo después de que el juez Paul J. Barbadoro despachara rápidamente una objeción de la fiscal Domínguez.

Las palabras clave
Asimismo, la testigo admitió que en dicha reunión “nadie mencionó a colaboradores ni amigos”, palabras que se utilizaban para referirse a las personas que contribuían dinero en exceso de lo permitido a las campañas.

Díaz Torres también declaró a preguntas de Anduze que Velasco, ni Agosto Alicea ni nadie relacionado a la campaña, le dijo en ningún momento que había instrucciones de Acevedo Vilá para no reportar gastos, ni violar la ley, así como tampoco discutir nada de los “colaboradores”.

En la parte final del interrogatorio de la Fiscalía, Díaz Torres vinculó a otros empresarios con el alegado esquema para hacer pagos ilegales a las campañas de Acevedo Vilá, entre éstos el ingeniero Minas Papadakis, quien es el esposo de la ex líder popular Victoria “Melo” Muñoz Mendoza, de las más férreas defensoras del ex gobernador y los conocidos empresarios populares Rubén Vélez y Arturo Díaz.

En el contrainterrogatorio de Anduze, la testigo admitió que no puede vincular tres correos electrónicos enviados por ella entre febrero y marzo de 2004 al entonces director de finanzas de la campaña de Acevedo Vilá para la gobernación, Miguel Nazario Franco, con los pagos de $25,000 mensuales prometidos a la campaña por el empresario Edwin Santana.

Los tres “e-mails” y su alegada vinculación con Santana son evidencia clave para probar los cuatro cargos del esquema de fraude electrónico para privar al pueblo de “servicios honestos” que se les imputan al ex gobernador y a su ex ayudante, Luisa Inclán Bird.

Dudas sobre los ‘emails’
En el primer correo de 13 de febrero Díaz Torres presiona a Nazario para que abone a la deuda de la campaña y le dice que “sólo tengo promesa de $50,000 y no es suficiente”.

Díaz Torres había dicho a preguntas de la fiscal que entendía que “la promesa” se refería a los $250,000 ofrecidos por Santana. Anduze confrontó a la testigo con un cheque de $100,000 enviado por el Comité Aníbal 2004 el 2 de abril, y le cuestionó si ese no era el pago que ella reclamaba en los tres correos.

A preguntas de Anduze la testigo dijo que no podía relacionar su mensaje electrónico con ese cheque ni con los pagos de Santana. Agregó que “el resultado es el mismo para los tres correos electrónicos”.

Al final la testigo contestó molesta a Anduze: “No le es suficiente que le diga una vez que lo asocié con Santana, pero que pude haberme equivocado”.

Al salir de corte, Anduze dijo a periodistas que si no se prueba que los correos electrónicos eran en reclamo de un pago ilegal, no se puede establecer la jurisdicción federal que da paso a los cargos de fraude electrónico contra Acevedo Vilá.

Durante todo el proceso el ex gobernador estuvo atento y en ocasiones exhibía una discreta satisfacción cuando su abogado impugnaba a la testigo.

Al final de la tarde comenzó a declarar el segundo testigo de la Fiscalía, el jefe de la división legal de la Comisión Federal de Elecciones, Mark Shonkwiler. Este explicó que la ley federal hasta 2001 permitía donaciones de hasta $1,000 por persona a los políticos y a partir de 2002 se aumentó a $2,000. Está prohibido, indicó, que empresas y uniones sean contribuyentes políticos, agregó.